LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EL ELMENTO DE ACCIÓN SINDICAL EN LA ECOLOGIZACIÓN DE LA EMPRESA

La tarea que supone la Educación Ambiental ciudadana es compleja, con múltiples dimensiones; tampoco se improvisa. Aunque no se diga a menudo, tiene una seria fundamentación también en el mundo laboral y sindical, en la acción diaria y en la consideración de los principios rectores de la gestión global:

“Los trabajadores y sus representantes deberían tener derecho a que se les impartiera suficiente capacitación para incrementar su conciencia ambiental, proteger su salud y velar por su seguridad y mejorar su bienestar económico y social. La capacitación debería proporcionarles los conocimientos necesarios para fomentar modos de vida sostenibles y mejorar el medio laboral. Los sindicatos, los patronos, los gobiernos y los organismos internacionales deberían cooperar en la evaluación de las necesidades de capacitación dentro de sus respectivas esferas de actividad. Los trabajadores y sus representantes deberían participar en la formulación y ejecución de los programas de capacitación para los trabajadores organizados por los patronos y los gobiernos” (Programa 21 Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 1992).

De igual forma, en 1999 el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España apuntaba: “Los sindicatos tienen un gran potencial para promover la educación ambiental entre sus afiliados, aumentando la sensibilización y la formación, de modo que se introduzcan prácticas productivas que mejoren tanto la situación ambiental como las condiciones de salud en el trabajo. Su papel es esencial para progresar hacia la sostenibilidad”.

Así pues, el trabajo de los sindicatos como representantes de los trabajadores y las trabajadoras tiene en la negociación colectiva, la promoción de la formación y capacitación de éstos, una de sus principales aportaciones para el logro del desarrollo sostenible y la transición justa. Su relación con los necesarios cambios productivos y la protección del medio laboral y el entorno natural en el que se desarrolla lo justifican.

La educación, entendida como proceso continuo, es el medio más seguro de conseguir un auténtico cambio que permita una transición justa del actual modelo productivo. A través de la EA se puede capacitar a las personas para la toma de decisiones y fomentar en ellas una participación responsable, que compagine una mejor calidad de vida con un respecto hacia el medio que los acoge y rodea.

En este contexto la EA constituye una herramienta indispensable para modificar actitudes y prácticas de las personas como agentes de producción, de manera que estas adquieran la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y abordarlos coherentemente.

La incorporación al ordenamiento jurídico de numerosas normas reguladoras de los niveles de emisión, vertido y tratamiento de determinados residuos tiene repercusiones en los sistemas productivos y requiere la participación activa de los trabajadores, tanto para el cumplimiento de la normativa en el ámbito de la empresa, como para el mantenimiento del empleo y de la calidad del mismo. Esto ha hecho necesario el abordaje de programas de formación para representantes de los trabajadores y dirigentes sindicales en varios sectores. Se han llevado a cabo desde la constatación de un cambio de actitud ante los problemas ambientales en sus respectivas empresas, de que estos constituyen una oportunidad no sólo para la mejora ambiental en los centros de trabajo, sino también como condición para garantizar la continuidad y calidad del empleo.

Los sindicatos desarrollan una gran variedad de iniciativas en el campo ambiental, desde programas de sensibilización hasta ofertas específicas de cursos de medio ambiente dirigidos a los representantes designados para cubrir funciones de responsabilidad en esta materia, pasando por la elaboración de materiales de EA en el puesto de trabajo. Pero en muchas ocasiones carecen por sí mismas de la continuidad necesaria y no llegan a ser más que actividades dispersas dentro del conjunto sindical; resultan poco consistentes para consolidar la formación y para impulsar la acción sindical en materia de protección ambiental. Por eso, más allá de la formación, debemos considerar como acciones destacadas de los sindicatos los esfuerzos desarrollados en la inclusión de la variable ambiental en los convenios colectivos, las actuaciones en el desarrollo de estructuras participativas, de carácter ambiental, en la empresa y la profesionalización de la figura del “educador ambiental”. Suponen acciones que contribuyen en mayor o menor medida al desarrollo de las recomendaciones realizadas en el Libro Blanco.

Así, en relación con la recomendación primera: “Desarrollar campañas de información, comunicación y sensibilización e impulsar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el diseño de la política ambiental de la empresa”, los sindicatos han actuado en el desarrollo y la figura del delegado-a de Medio Ambiente. Esa participación requiere una formación específica sobre el medio ambiente como materia transversal que se incorpore a  los diferentes sistemas de  formación incluyendo Prevención de Riesgos Laborales, Convenios Colectivos, etc. Además de actuar en el diseño de numerosos cursos y campañas, también ha de conseguir que la formación cubra el tratamiento de las repercusiones ambientales de  las actividades realizadas y la adecuación a los cambios normativos y las demandas sociales.

Atendiendo a la segunda recomendación del Libro Blanco para la acción sindical: contribuir a la formación y capacitación de todos los trabajadores, las acciones desarrolladas, más allá de la realización de cursos de formación y elaboración de materiales de EA o campañas de sensibilización ya mencionadas, merecen ser conocidas las actuaciones en relación con la capacitación de adultos. En España existen tres itinerarios dentro de la formación de este colectivo: la formación profesional dirigida por las administraciones educativas; la dirigida por las administraciones laborales; y la formación continua de trabajadores, la dirigida por las administraciones laborales, es decir, los trabajos desarrollados por los sindicatos en conjunto con el INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) para el desarrollo de Certificados de Profesionalidad.

Finalmente en cuanto a la recomendación de ampliar las funciones de los comités y estructuras existentes a aquellas relacionadas con la protección ambiental, destacan las actuaciones de profesionalización del educador ambiental, así como la inclusión de cláusulas ambientales en los convenios colectivos. En este sentido, aunque se detectan importantes avances, aún quedan por identificar y clarificar los límites de la profesión y conseguir reconocimiento social, laboral y administrativo.

Pero quizás uno de los aspectos más significativos, que nos muestra la importancia que la EA tiene en la acción sindical, lo encontramos en las resoluciones de los principales sindicatos. Concretamente las resoluciones del 41 y 42 Congresos Confederales de la UGT en donde se expone la importancia de la EA en el ámbito laboral y el compromiso y necesidad de potenciarlas: “…Debemos potenciar la concienciación de toda la sociedad en torno a la necesidad de modificar nuestros hábitos de vida de forma que sean más respetuosos con el medio ambiente. Es un paso que mejora la capacidad y la competitividad situándonos en mejores condiciones para afrontar los retos y oportunidades de futuro. La educación ambiental para conocer y respetar la naturaleza. En todos los niveles educativos y específicamente dirigida a nuestros afiliados, afiliadas y los y las representantes sindicales a todos los niveles de la organización”. (Libro de resoluciones del 42 Congreso Confederal de UGT) o la decisión adoptada en el V Congreso Confederal de CC.OO (diciembre de 1991) en el que se crea el Departamento de Ecología y Medio Ambiente. Actualmente, en el artículo 1 de sus estatutos “Definición y ámbito de actuación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CS de CC.OO)” se establece que orienta su actividad hacia “la protección del medio ambiente y la consecución de un modelo de desarrollo sostenible”.

En este sentido las acciones que se comprometen a desarrollar alcanzan desde medidas más globales en donde la EA tiene una incidencia relativa -como la apuesta por los yacimientos de empleos verdes, la potenciación de la figura del delegado/a de medio ambiente o trabajar la dimensión ambiental desde la negociación colectiva- a acciones directamente enmarcadas en el desarrollo de la EA en el ámbito laboral. Entre estas las que buscan facilitar el acceso a la información ambiental de la empresa a la representación de las trabajadoras-res, la formación y el desarrollo de competencias en materia de medio ambiente al personal de la empresa y a sus representantes sindicales y la promoción de intervenciones que contribuyan a concienciar a la sociedad, y especialmente a los jóvenes, Todas ellas se ajustan a las recomendaciones del Libro Blanco de la Educación Ambiental, descritas en párrafos anteriores. En ese sentido puede ser ientificado como una acción interesante hacer llegar a empresas y afiliados publicaciones periódicas de información ambiental como la revista Daphnia de ISTAS.

Sin duda, las actuaciones anteriormente descritas son algunas de las buenas prácticas que los sindicatos han venido desarrollando en las últimas décadas pero que debería extenderse de una forma más amplia y generalizada en muchos de sus ámbitos de acción, y ser asumidas por las empresas. El papel que pueden y deben desempeñar conectando el mundo laboral con la sensibilización para generar comportamientos productivos más ambientales es de gran importancia.

Los trabajadores y trabajadoras han de ser copartícipes en el proceso de mejora continua de la gestión ambiental de las empresas y en el desarrollo de buenas prácticas. Así se conseguirán, más allá del estricto cumplimiento de la legislación ambiental, mejoras en los procesos y técnicas de protección ambiental que se implanten. Pero además, la implicación de aquellos en la mejora de la gestión ambiental de la empresa constituye un mecanismo para la consecución del artículo 45 de la Constitución española referente al “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

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